Fecha: 13/12/07.
Autor: Pablo López.
Coautor: Patricia Pobrete González.
PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:
L E Y:
Artículo 1°.- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado con la matrícula Nº 134.282, Sección J, fracción III, de la Ciudad de Salta, departamento Capital, con el único destino de realizar un plan de viviendas populares y urbanización.
Artículo 2°.- La expropiación se efectuará sin pago alguno, tomando a favor del Estado Provincial el hecho de que siendo un terreno urbano, pagó impuestos como terreno rural hasta el año 2003.
Artículo 3°.- El plan de viviendas debe ser de acceso universal y deberá tener las características siguientes:a. No se exigirá adelanto de pago alguno. b. El monto de las cuotas exigidas no podrá superar en ningún caso el 10% del ingreso familiar.
Artículo 3°.- El plan de viviendas debe ser de acceso universal y deberá tener las características siguientes:a. No se exigirá adelanto de pago alguno. b. El monto de las cuotas exigidas no podrá superar en ningún caso el 10% del ingreso familiar.
Artículo 4°.- El plan de viviendas establecido en el artículo 1º se financiará con un fondo que estará compuesto por una contribución obligatoria que deberán hacer todas las empresas que actuando en territorio provincial tengan una facturación de $5.000.000 (pesos cinco millones).
Artículo 5°.- De forma.
Fundamentos:
Los problemas de tierra y vivienda en la provincia, como en todo el país, han crecido aceleradamente en los últimos años. Existen en Salta miles de familias que no cuentan con una vivienda, y que se han visto obligadas a ocupar terrenos fiscales o privados y construir allí sus precarios hogares. En el último período se han sucedido una serie de asentamientos como consecuencia del déficit de vivienda, como fueron los asentamientos de San Expedito y Divino Niño en la ciudad de Salta, un gran asentamiento de más de mil familias en Orán y varios asentamientos en el departamento San Martín. En la mayoría de los casos, los asentados, han sido brutalmente desalojados o han estado bajo la amenaza constante del desalojo. No hay desde el estado una planificación urbana que beneficie a la población sino que se han reservado las mejores tierras de las ciudades para la especulación inmobiliaria, el turismo y las construcciones de lujo. Mientras tanto los sectores más pobres de la población han sido llevados a vivir a terrenos alejados del centro de las ciudades y sin contar con los servicios públicos elementales. Un claro ejemplo de especulación inmobiliaria son las 100 ha pertenecientes a Pereyra Rozas en la zona norte de la ciudad de Salta. Un terreno que está rodeado de terrenos urbanos y de todos los servicios y que ha tributado como terreno rural hasta el año 2003 cuando la Junta de Catastro a través de su resolución 33.200 ordena modificar la categorización de dicho terreno. Sin embargo los montos que tributa este inmueble al municipio capitalino están calculados sobe un valor fiscal que nada tiene que ver con el valor real de dicho inmueble y que sigue favoreciendo la especulación de sus propietarios, más todavía en circunstancias en que su valor de mercado ha crecido sustancialmente a partir de la construcción de la ciudad judicial y las autopistas. Es justamente este terreno el que se propone expropiar para impulsar un masivo plan de viviendas populares y urbanización. Proponemos que dicha expropiación se realice sin pago tomando a favor del estado la enorme evasión realizada por los propietarios al tributar como terreno rural y al ínfimo monto que pagan actualmente a partir de su recategorización. La propuesta está en línea con el programa para resolver la crisis de vivienda que presentó el Partido Obrero, que plantea la reserva de un mínimo del 40% de las tierras urbanas para la construcción de viviendas populares. Sostenemos además que los planes de viviendas deben ser financiados con los fondos que se retienen a los exportadores, los cuales deberían coparticiparse con ese fin específico. El proyecto de ley además avanza en cuales deben ser las condiciones del acceso a las viviendas que se propone construir, para permitir un acceso universal. Hoy los planes de viviendas dejan afuera a la mayoría de la población, incluso a los sectores medios, por el alto monto de las cuotas, la exigencia de ingresos que superan la media salarial y el requisito de pagar un monto por adelantado para la adjudicación. Por ello se propone la eliminación del pago por adelantado y que las cuotas en ningún caso superen el 10% del ingreso familiar. De esta manera se posibilita el acceso a una vivienda a los trabajadores más pobres y también a los sectores de la clase media que ante el crecimiento de las tasas de interés tienen vedado el acceso a créditos hipotecarios. La aprobación de este proyecto de ley daría un paso fundamental para garantizar el acceso a la vivienda y en acabar con la especulación inmobiliaria. Por eso solicitamos a los señores diputados a que acompañen con su voto esta fundamental medida.
Fundamentos:
Los problemas de tierra y vivienda en la provincia, como en todo el país, han crecido aceleradamente en los últimos años. Existen en Salta miles de familias que no cuentan con una vivienda, y que se han visto obligadas a ocupar terrenos fiscales o privados y construir allí sus precarios hogares. En el último período se han sucedido una serie de asentamientos como consecuencia del déficit de vivienda, como fueron los asentamientos de San Expedito y Divino Niño en la ciudad de Salta, un gran asentamiento de más de mil familias en Orán y varios asentamientos en el departamento San Martín. En la mayoría de los casos, los asentados, han sido brutalmente desalojados o han estado bajo la amenaza constante del desalojo. No hay desde el estado una planificación urbana que beneficie a la población sino que se han reservado las mejores tierras de las ciudades para la especulación inmobiliaria, el turismo y las construcciones de lujo. Mientras tanto los sectores más pobres de la población han sido llevados a vivir a terrenos alejados del centro de las ciudades y sin contar con los servicios públicos elementales. Un claro ejemplo de especulación inmobiliaria son las 100 ha pertenecientes a Pereyra Rozas en la zona norte de la ciudad de Salta. Un terreno que está rodeado de terrenos urbanos y de todos los servicios y que ha tributado como terreno rural hasta el año 2003 cuando la Junta de Catastro a través de su resolución 33.200 ordena modificar la categorización de dicho terreno. Sin embargo los montos que tributa este inmueble al municipio capitalino están calculados sobe un valor fiscal que nada tiene que ver con el valor real de dicho inmueble y que sigue favoreciendo la especulación de sus propietarios, más todavía en circunstancias en que su valor de mercado ha crecido sustancialmente a partir de la construcción de la ciudad judicial y las autopistas. Es justamente este terreno el que se propone expropiar para impulsar un masivo plan de viviendas populares y urbanización. Proponemos que dicha expropiación se realice sin pago tomando a favor del estado la enorme evasión realizada por los propietarios al tributar como terreno rural y al ínfimo monto que pagan actualmente a partir de su recategorización. La propuesta está en línea con el programa para resolver la crisis de vivienda que presentó el Partido Obrero, que plantea la reserva de un mínimo del 40% de las tierras urbanas para la construcción de viviendas populares. Sostenemos además que los planes de viviendas deben ser financiados con los fondos que se retienen a los exportadores, los cuales deberían coparticiparse con ese fin específico. El proyecto de ley además avanza en cuales deben ser las condiciones del acceso a las viviendas que se propone construir, para permitir un acceso universal. Hoy los planes de viviendas dejan afuera a la mayoría de la población, incluso a los sectores medios, por el alto monto de las cuotas, la exigencia de ingresos que superan la media salarial y el requisito de pagar un monto por adelantado para la adjudicación. Por ello se propone la eliminación del pago por adelantado y que las cuotas en ningún caso superen el 10% del ingreso familiar. De esta manera se posibilita el acceso a una vivienda a los trabajadores más pobres y también a los sectores de la clase media que ante el crecimiento de las tasas de interés tienen vedado el acceso a créditos hipotecarios. La aprobación de este proyecto de ley daría un paso fundamental para garantizar el acceso a la vivienda y en acabar con la especulación inmobiliaria. Por eso solicitamos a los señores diputados a que acompañen con su voto esta fundamental medida.
